Diciembre llega con una mezcla intensa de señales económicas, tensiones estructurales y movimientos empresariales que anticipan un cierre de año áspero. El llamado a licitación de la Hidrovía —una de las arterias logísticas más estratégicas del país— convive con la emisión del bono provincial SF34, que vuelve a poner a Santa Fe en el radar de los mercados financieros internacionales. Mientras tanto, la economía real sigue sintiendo los efectos de un modelo recesivo que golpea a la industria, el comercio y varias ramas de servicios. En este clima, la nueva ley tributaria 2026 aparece como un intento explícito de morigerar el impacto a sectores productivos exhaustos y ofrecer cierto alivio al mercado laboral.

El proyecto, que el oficialismo provincial espera aprobar antes de fin de año, introduce un abanico de deducciones sobre Ingresos Brutos: permitirá descontar el 100% de los salarios de nuevos empleados (con un tope de $1,5 millón por sueldo), reducirá la carga tributaria sobre energía eléctrica —hasta un 30% para industria, comercio y hotelería— y reconocerá como industria a la actividad de fasón, habilitándola a acceder a exenciones propias del sector. También habilita al comercio y los servicios a deducir hasta el 100% del impuesto inmobiliario y exime de Sellos los contratos de locación para esas actividades. Incluso los bancos y PSP podrán descontar el 100% de los intereses de préstamos a pymes, hasta un límite del 25% de su base imponible.

Uno de los que le pareció correcta la orientación del proyecto es Jorge Simón, ex secretario de Finanzas e Ingresos Públicos de Santa Fe, quien aseguró que “el camino de la nueva ley tributaria me gusta”, aunque aclaró que no es suficiente. Para Simón, el esquema de deducciones y créditos fiscales abre una puerta que redefine a Ingresos Brutos como un “incipiente símil IVA provincial”. Un tributo que, según explicó, comienza a incorporar mecanismos más racionales: deducciones de costos como energía, salarios de nuevos empleados, inmobiliario o patentes, y un modelo de acreditación que recuerda al funcionamiento del IVA tradicional. Todo en un marco donde Milei, reforzado políticamente tras las elecciones, parece dispuesto a empujar una reforma tributaria más profunda una vez asegurados nuevos consensos fiscales.

Pero mientras surgen estas señales de alivio impositivo, el frente productivo sigue mostrando tensiones severas. A la caída de ventas y a la dificultad para financiar capital de trabajo se le sumó en los últimos días un crecimiento de embargos de la AFIP, un salto en los cheques rechazados y bancos que permiten refinanciar pero cerraron la canilla de nuevos créditos. Varias empresas ya pasaron a situación 2 en el Banco Central, complicando aún más su viabilidad operativa. Con este combo, diciembre se anticipa más duro para el empleo. Hay negociaciones discretas entre empresarios y gremios —algunos sindicatos, paradójicamente, enfrentan despidos en sus propias estructuras— para contener una sangría mayor. Sin embargo, nadie prevé un estallido social: “Por mucho menos hace 10 años había manifestaciones y cortes en la calle”, reconoció un referente gremial de la región, casi sorprendido por la calma de superficie.

A ese contexto se suma una radiografía institucional que expone tensiones acumuladas: Rosario se ha consolidado como el epicentro del litigio laboral en Santa Fe. En 2024, que no desentonaría con los de 2025, sus doce juzgados tramitaron 20.930 causas, una cifra que supera al total del interior provincial y que cuadruplica a la capital. Ninguna otra jurisdicción se acerca: Rafaela, San Jorge, Rufino, Venado Tuerto, Melincué, Firmat, Esperanza, Ceres y Tostado operan con cargas muy inferiores, configurando una provincia partida en dos. La concentración del 55% de la demanda laboral en una sola ciudad refleja un mercado de trabajo hiperconflictivo, tiempos judiciales cada vez más comprometidos y un sistema institucional que necesitará reformas de fondo.

Desde la Legislatura provincial y la Corte Suprema santafesina coinciden que debe realizar un cambio profundo y por eso la intención de ambas partes es que avance un proyecto que se prevé comience a ser tratado con la vuelta de las sesiones ordinarias en febrero del año próximo. Las mayores resistencias a los cambios por ahora provienen de algunos colegios profesionales, que no quieren ver mermado sus honorarios.

En paralelo, la política, la economía y hasta el fútbol se mezclan sin pedir permiso: las elecciones en Newell’s de la semana próxima se mezclan en los cóckteles y cierre de año de empresas y entidades. Y en el mundo corporativo local continúan los movimientos estratégicos. Como adelantó Ecos365 hace dos semanas, la cadena DAR avanzó en la compra de Micro GO de Micropack y de La Masía, como parte de un proceso de consolidación minorista que no parece haber tocado techo. Fuentes del sector aseguran que hay más operaciones en negociación, lo que anticipa un reacomodamiento profundo del mapa comercial regional.

Todas estas discusiones estuvieron muy presentes en los recientes cierres de año corporativos. En Rosental —donde se presentó una nueva etapa del parque industrial de Funes— y en IDEA Rosario, el clima fue claro: preocupación, realismo, expectativas acotadas y un acuerdo tácito en que la salida, si llega, será más compleja que rápida. Entre reformas tributarias incipientes, tensión laboral creciente, obstáculos financieros y un escenario productivo frágil, diciembre vuelve a mostrar que la economía argentina no da respiro. Todo está en movimiento, pero casi nada está definitivamente resuelto.