El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) emitió un fuerte documento en el que denuncia "contradicciones y deficiencias" en las políticas viales del Gobierno nacional, específicamente en el régimen de concesiones viales con cobro de peaje. La principal organización de defensa del usuario vial aseguró que el esquema es "ineficiente, regresivo y carente de sustento técnico".
La crítica se centra en que la reactivación de la Red Federal de Concesiones (RFC) repite un "modelo fracasado" de la década de 1990 y vulnera derechos constitucionales y económicos de los ciudadanos.
La denuncia de "doble imposición"
El organismo apuntó que el cobro del peaje constituye una "doble imposición" con carácter confiscatorio. El argumento central es que los usuarios ya abonan el Impuesto a los Combustibles, cuyos fondos deberían destinarse exclusivamente a la infraestructura vial.
El Conaduv denuncia que anualmente se recaudan más de U$S 3.000 millones mediante el Impuesto a los Combustibles, pero esos fondos se desvían hacia otros fines presupuestarios. Esto configuraría una "malversación de su objeto específico".
Sin inversión y con peajes más caros
La entidad subrayó que los pliegos licitatorios de las nuevas concesiones no exigen inversiones ni ampliación de la capacidad de la red vial, contemplando únicamente tareas de mantenimiento de rutina. A pesar de la ausencia de inversión privada real, el plan prevé una triplicación de las tarifas y la instalación de nuevas estaciones de peaje, con una frecuencia de una cada 97 km.
El organismo considera que esta medida solo aumentará los costos de logística y transporte, teniendo un efecto inflacionario que perjudica a toda la población.
Contradicciones en la financiación y las empresas
El Conaduv también denunció contradicciones entre el discurso oficial y la práctica:
Financiamiento: Aunque el Gobierno anunció que las concesiones serían financiadas con inversión privada, los proyectos prevén el uso de fondos públicos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Empresas: La mayoría de las empresas que se postulan para las nuevas concesiones son los mismos grupos económicos vinculados históricamente a causas de corrupción y a la "patria contratista".
Como conclusión, el Conaduv propuso que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) reasuma la administración pública de las rutas, garantizando transparencia y destinando el Impuesto a los Combustibles a obras efectivas.
