En los primeros días del nuevo año, el Gobierno de Javier Milei fijó los lineamientos para la importación y exportación de residuos no peligrosos que hayan sido sometidos a una operación de valorización. La actividad estaba prohibida desde hacía 16 años cuando la tonelada de chatarra llegó a costar 70 dólares.
Con el Decreto 1/2025, el Jefe de Estado autorizó la comercialización definitiva o temporaria de chatarra y residuos metálicos, los cuales podrán ser utilizados como “insumo para un proceso productivo determinado o un producto de uso directo” en el Territorio Nacional, el Área Aduanera Especial y las Zonas Francas, incluidos sus espacios aéreos y marítimos.
Además, el texto detalla que la tonelada podría fijarse entre los 250 y 300 dólares, un dato que no cayó nada bien entre las principales siderúrgicas del país. El disguto y las dudas también llegaron a las pymes del sector que en total son 300 y generan seis mil puestos de trabajos.
Los principales países compradores de la chatarra argentina serían China y Turquía. Y el sistema sería el mismo que de la carne con la cuota Hilton, es decir, los mejores "residuos" (que en la industria prefieren llamar "insumos") se irán y quedarán en Argentina los de menor calidad, que no pueden ser procesados en los hornos de las siderúrgicas más pequeñas.
En el artículo 1° de la medida, se explica que "no estará permitida la importación de aquellos residuos no peligrosos que, habiendo sido sometidos a una operación de valorización, pretendan tener como objetivo la valorización energética y/o su disposición final".
También dispone que "la exportación de residuos no peligrosos valorizados e insumos industriales valorizados no estará sujeta a prohibiciones y debe ajustarse al cumplimiento del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación".
Otro de los requisitos que exige la normativa es la presentación de una “Declaración Jurada” que asegure que dichos materiales no son peligrosos, según la normativa nacional e internacional.
Los exportadores también deberán demostrar que su carga cumple con las regulaciones internacionales, principalmente el Convenio de Basilea, para asegurar que los residuos a exportar sean apropiados y no representen riesgos para el medio ambiente.
Además, el Estado clasificó los residuos que ingresarán en la comercialización:
Residuo es toda materia, sustancia u objeto producido en cualquier actividad y a cuya eliminación, reciclado, recuperación y/o disposición final se proceda, se proponga proceder o se esté obligado a proceder.
Residuo no peligroso valorizado es aquel que, no estando encuadrado en los alcances de la normativa nacional en materia de residuos peligrosos, haya sido sometido a una operación de valorización o de eliminación de su carácter de peligrosidad.
Valorización es todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, mediante el reciclaje en sus formas física, química, mecánica o biológica, y la reutilización.
Sturzenegger justificó los cambios en la importación y exportación de residuos: "La prohibición era nociva"
Previo a la oficialización de la norma, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dijo que la prohibición “era nociva por varios motivos”.
Señaló que “al deprimir el precio local de los desechos desincentivaba el reciclado. Pero era nociva, sobre todo, porque prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía (por dar un ejemplo, cables de cobre desechados por las telefónicas, que tienen un activo mercado para reciclado en el exterior no podían exportarse)”.
"En estos meses recibimos incontables mensajes de empresas cuyos negocios estaban vedados por esta prohibición", agregó.
El ministro, además, aseveró que la norma beneficiaba a los procesadores de la mencionada chatarra, pero perjudicando a quienes la producían (típicamente empresas más pequeñas de reciclado), al tiempo que se perdían centenas de negocios de valorización de residuos.
