El Gobierno de Santa Fe profundizó los controles sobre la Tarifa Social de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) tras detectar consumos desmedidos en usuarios que accedían al beneficio. En Rosario, la investigación reveló 78 casos con consumos superiores a los 3.000 kilovatios, que demandaron subsidios estatales por más de 21 millones de pesos, incluyendo situaciones extremas de usuarios que llegaron a consumir hasta 7.000 kilovatios.
Uno de los casos más llamativos se registró en barrio Belgrano, donde un usuario con Tarifa Social consumió 7.020 kilovatios. La factura fue parcialmente cubierta por el Estado, que aportó más de 520 mil pesos. En total, durante septiembre se identificaron 21 contribuyentes con consumos de entre 2.500 y 7.000 kilovatios, que generaron facturas por 17,1 millones de pesos: los usuarios abonaron menos de 3 millones y la Provincia cubrió más de 14 millones.
A nivel provincial, el Ejecutivo dio de baja a 1.506 usuarios del régimen de Tarifa Social que registraron consumos superiores a los 2.000 kilovatios, cuando el promedio de un hogar santafesino ronda entre 700 y 800. Los casos más graves incluyeron 21 usuarios con consumos cercanos a los 7.000 kilovatios, cuyas facturas superaron los 17 millones de pesos.
“Es inadmisible que se continúe este esquema. El beneficio está pensado para acompañar a las familias que más lo necesitan. No vamos a permitir que unos pocos vivos perjudiquen a la EPE y a quienes realmente lo necesitan”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
Los controles también detectaron 258 usuarios en toda la provincia con consumos mayores a 3.000 kilovatios y cuatro casos en Rosario que superaron los 6.000. En los 82 casos de mayor consumo, el Estado provincial debió afrontar más de 52 millones de pesos en subsidios, mientras que los usuarios pagaron apenas seis millones.
Desde la EPE, su presidenta Anahí Rodríguez señaló que los datos “muestran que algunos sectores están desvirtuando el espíritu del beneficio” y aseguró que se redoblarán los controles para que la Tarifa Social “vuelva a ser un apoyo para los hogares vulnerables y no un subsidio encubierto para consumos excesivos”.
Según destacaron, la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro avanzó además en un esquema de auditorías permanentes y en la modernización del sistema de control. En ese marco, la Provincia adquirió 75 mil telemedidores para monitorear en tiempo real los consumos eléctricos. “El robo de energía es una cuestión transversal y no de un sector en particular. Lo que hacen unos pocos termina afectando al consumo de todos”, advirtió Rodríguez.
El objetivo, remarcaron desde el Gobierno, es ordenar la administración de la empresa pública, garantizar transparencia en el uso de los recursos y asegurar que la Tarifa Social se aplique de manera justa, evitando abusos y desvíos.
