La Cámara Federal de Salta resolvió revocar el sobreseimiento de Héctor David Romero, el camionero que vio por última vez a María Cash en julio de 2011, y ordenó que la investigación continúe hasta agotar todas las medidas de prueba disponibles. El tribunal consideró que el cierre de la causa dispuesto en primera instancia fue prematuro y que aún persisten indicios que impiden desvincularlo de manera concluyente del caso.
La decisión fue adoptada por la Sala I del tribunal, que entendió que no se alcanzó el grado de “certeza negativa” requerido para dictar un sobreseimiento durante la etapa de instrucción. En ese sentido, los jueces señalaron que todavía existen elementos relevantes por producir y analizar, vinculados a la principal hipótesis de autoría sostenida por la fiscalía y la querella.
Según el fallo al que accedió el diario El Tribuno, la Cámara remarcó que durante la instrucción no rige plenamente el principio de la duda a favor del imputado y que, para cerrar definitivamente un proceso, es necesario descartar de forma concluyente su participación, algo que -advirtieron- no ocurre en este expediente.
En su análisis, los camaristas Santiago French, Ernesto Solá Espeche y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas sostuvieron que subsisten indicios relevantes que deben ser evaluados de manera integral y no fragmentada. Esos elementos, señalaron, están relacionados tanto con la conducta atribuida a Romero como con circunstancias posteriores a la desaparición de Cash y con su entorno, y obligan a profundizar la investigación antes de adoptar una decisión definitiva.
El fallo subraya que los elementos incorporados hasta el momento no fueron suficientemente esclarecidos y que el caso aún presenta “zonas oscuras”. Por ese motivo, la Cámara ordenó avanzar con medidas de prueba que no se encuentran agotadas, entre ellas peritajes técnicos y otras diligencias consideradas indispensables para reconstruir los hechos y evaluar con mayor precisión la hipótesis acusatoria.
El tribunal también rechazó el pedido de la fiscalía y la querella para apartar al Juzgado Federal de Salta N.º 2. En consecuencia, la causa continuará bajo la conducción de la jueza Mariela Giménez, al no advertirse motivos objetivos que justifiquen su desplazamiento.
La Sala I revisó el sobreseimiento que la propia jueza Giménez había dictado en mayo de este año, a pedido del fiscal, y aclaró que nunca existió un pedido de procesamiento contra Romero.
María del Carmen Cash tenía 29 años y era diseñadora de indumentaria. Vivía en la ciudad de Buenos Aires y, en julio de 2011, emprendió un viaje sin un destino definido hacia el norte del país. El 4 de ese mes salió desde la terminal de Retiro rumbo a San Salvador de Jujuy y durante varios días fue vista en distintas localidades del NOA. Su rastro se perdió el 8 de julio, cuando fue vista por última vez en la rotonda de Torzalito, en General Güemes, al subir al camión conducido por Héctor David Romero.
Las inconsistencias que siguen bajo análisis
En el nuevo impulso de la causa, el fiscal federal Eduardo Villalba volvió a poner el foco en una serie de contradicciones en las declaraciones de Romero. Una de las principales está vinculada a la identificación de María Cash: mientras otros testigos describieron con precisión su aspecto y vestimenta, el camionero afirmó no recordar su rostro ni poder asegurar que haya sido ella quien subió a su camión.
También fue cuestionada su versión sobre el supuesto descenso de la joven en el santuario de la Difunta Correa, una maniobra que, según la acusación, no resulta compatible con la visibilidad del lugar ni con las características del vehículo y del terreno. A esto se suman inconsistencias temporales detectadas a partir de registros de antenas telefónicas, que revelan una ventana de tiempo que no se condice con un recorrido normal entre General Güemes y Joaquín V. González.
Finalmente, el fiscal advirtió variaciones y omisiones relevantes en los distintos relatos de Romero a lo largo del proceso, especialmente en relación con horarios, velocidades, características del viaje y su conducta posterior a la desaparición de María Cash, aspectos que -según la Cámara- aún deben ser debidamente esclarecidos.
