La tensión entre ciertos actores de la Justicia provincial y el fuero federal de Rosario sumó en los últimos días un nuevo capítulo institucional. La Cámara de Apelaciones en lo Penal y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe elevaron notas formales ante la Cámara Federal de Apelaciones para cuestionar el accionar y los modos del juez federal Eduardo Rodrigues Da Cruz en distintas resoluciones vinculadas a conflictos de competencia derivados de la ley de Microtráfico.
El eje del cortocircuito gira en torno a la aplicación de la ley provincial de Desfederalización del narcomenudeo, sancionada en diciembre de 2023, que habilitó a la Justicia ordinaria santafesina a intervenir en causas de microtráfico. Desde entonces comenzaron a multiplicarse las discusiones sobre qué investigaciones deben tramitar en la órbita provincial y cuáles en el ámbito federal.
En ese contexto, integrantes de la alzada penal rosarina acusaron a Rodrigues Da Cruz de haber utilizado expresiones “descalificatorias” y de haber excedido los límites institucionales en resoluciones donde debía dirimir conflictos de competencia entre ambos fueros.
La primera presentación fue firmada el 6 de mayo por Gustavo Salvador y Silvia Castelli, presidente y coordinadora del Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia de Rosario. Allí manifestaron “malestar y perplejidad” por el contenido de fallos emitidos por el magistrado federal.
Según detallaron, en la causa FRO 6771/2025 Rodrigues Da Cruz calificó de “arbitraria” una resolución de la camarista Bibiana Alonso y sostuvo que sus argumentos “se daban de bruces” con jurisprudencia consolidada. También señalaron que el juez federal afirmó que el fallo provincial “carece de la debida fundamentación” y estaba basado en “meras afirmaciones dogmáticas”, al tiempo que remitió copias a la Corte Suprema provincial para que evaluara la conducta funcional de la magistrada.
En otra resolución, correspondiente a la causa FRO 1003/2026, el juez federal adoptó una postura similar respecto del camarista Javier Beltramone, al enviar antecedentes para analizar una eventual responsabilidad funcional.
El episodio que mayor malestar generó en el ámbito provincial fue el relacionado con la causa FRO 10212/2026, donde Rodrigues Da Cruz cuestionó con dureza a la camarista Gabriela Sansó. En la nota remitida a la Cámara Federal, los jueces provinciales remarcaron que el magistrado federal llegó a calificar de “falsos” y “falaces” los argumentos de Sansó y sostuvo que la jueza “decide violentando el sistema acusatorio”.
Además, advirtieron como especialmente grave que Rodrigues Da Cruz pidiera investigar la posible comisión de un delito de acción pública por parte de la magistrada provincial, a raíz de lo que consideró argumentos falsos en una resolución vinculada a competencias sobre microtráfico.
“Al pretender erigirse en revisor de la conducta funcional de jueces de una instancia superior y de extraña jurisdicción, el Dr. Rodrigues Da Cruz quebranta el respeto y la deferencia debida”, sostuvieron Salvador y Castelli en la presentación.
Días después, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe respaldó públicamente ese reclamo mediante otra nota dirigida a la Cámara Federal de Rosario. Allí expresó preocupación por el “comportamiento sostenido” del juez federal y cuestionó que las discrepancias jurídicas hubieran derivado en denuncias administrativas y penales contra magistrados provinciales.
“Las diferencias de criterio en cuestiones jurídicas opinables cuentan con mecanismos legales de resolución y nunca pueden justificar expresiones descalificatorias”, plantearon desde la entidad.
La respuesta formal llegó este 15 de mayo mediante una acordada de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. En el documento, los camaristas evitaron avanzar sobre eventuales sanciones contra Rodrigues Da Cruz y remarcaron, implícitamente, los límites institucionales de su intervención.
No obstante, el tribunal reconoció la necesidad de preservar el “respeto recíproco entre magistrados” y sostuvo que las diferencias sobre competencia o interpretación normativa deben canalizarse “a través de los mecanismos procesales previstos por el ordenamiento jurídico”.
También advirtió que el lenguaje utilizado en resoluciones judiciales debe mantenerse dentro de parámetros de “prudencia, mesura y respeto”, evitando expresiones que puedan interpretarse como “agraviantes o descalificatorias”.
En la parte resolutiva, la Cámara Federal exhortó “a todos los magistrados de esta jurisdicción” a mantener el debido respeto institucional y recomendó específicamente a Rodrigues Da Cruz “extremar los recaudos en el lenguaje utilizado en sus resoluciones judiciales”.
Sin embargo, la acordada no dispuso sanciones ni medidas disciplinarias contra el juez federal, algo que en los hechos deja expuesto que la Cámara Federal no tiene atribuciones directas para avanzar sobre ese plano.
