El bloque de diputados nacionales del PRO presentó un recurso de amparo ante la Justicia para frenar la designación de los auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN), al considerar que el procedimiento aprobado por la Cámara baja fue “abiertamente inconstitucional”.

La acción judicial lleva la firma del presidente del bloque, Cristian Ritondo. La misma apunta contra la resolución 7018-D-2025, aprobada durante la madrugada del 18 de diciembre, mediante la cual se designaron a tres auditores del organismo encargado de controlar el uso de los recursos públicos.

En un comunicado, el PRO señala que la designación se realizó fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias, en violación del artículo 63 de la Constitución Nacional.

“El decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía este tema”, se lee en el texto que también cuestiona la forma en que se llevó adelante la votación: “La designación se realizó cerca de las tres de la mañana, sin publicidad ni transparencia, sin dictamen previo, sin debate parlamentario y sin cumplir los procedimientos reglamentarios esenciales”. Para el PRO, esta sucesión de irregularidades “convierte al acto en nulo de nulidad absoluta”.

Desde el bloque opositor advirtieron la acción no solo afecta la legalidad del proceso, sino que también vulnera derechos políticos de los legisladores y altera el equilibrio institucional: “Lo ocurrido afectó de manera directa los derechos políticos de los diputados y quebró el equilibrio institucional del sistema de control del Estado”.

     

“La AGN no es un órgano administrativo interno: es un órgano constitucional clave para controlar cómo se utilizan los recursos públicos”, sostuvieron los firmantes.

En el amparo presentado ante la Justicia, el PRO solicita que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución, que se dicte una medida cautelar urgente para impedir que los auditores designados asuman o actúen hasta que exista una sentencia definitiva, y que se restituya el estado institucional previo al acto cuestionado.

“No se trata de una discusión política ni de nombres propios. Se trata de defender la Constitución, la transparencia y el funcionamiento republicano de las instituciones”, concluye el comunicado