El gobierno nacional avanza en la negociación con los gobernadores en busca de respaldo legislativo para el presupuesto 2026 y las reformas de “segunda generación” que impulsa Javier Milei, con la laboral como prioridad. Lo hace, por ahora, de manera quirúrgica, con gestos direccionados hacia provincias específicas, como el guiño a las jurisdicciones mineras con el plan de flexibilización de la ley de glaciares o la rebaja de retenciones para el petróleo convencional que celebró Chubut. En ese marco, hay distritos que manejan tiempos y reclamos particulares, que exceden las cuestiones económicas. El caso de Santa Fe es paradigmático.
Maximiliano Pullaro todavía no pisó Balcarce 50 en el marco de la nueva ronda de diálogo. El mandatario santafesino prefiere administrar el vínculo con la Nación sin dejar que las urgencias ajenas lo arrastren a una eventual foto vacía. La semana pasada habló varias veces por teléfono con el designado ministro del Interior, Diego Santilli, y ambos coincidieron en que deben reunirse. Pero la fecha aún no se estableció y el compromiso del funcionario nacional es que viajará él a Santa Fe.
Mientras tanto, la escena nacional se mueve rápido. El oficialismo ya tomó nota de que la modificación técnica de la ley de glaciares para ampliar la superficie habilitada para la explotación minera puede convertirse en un puente hacia los gobernadores de las provincias cordilleranas, que controlan un paquete decisivo de votos en Diputados y Senadores. Lo mismo ocurrió con Chubut, que logró una reducción de retenciones para el petróleo convencional justo cuando más necesitaba un gesto fiscal. Se trata de acuerdos selectivos: respuestas a demandas específicas sin abrir la billetera, a cambio de apoyo político para el presupuesto y la “ronda dos” de reformas estructurales que Milei tiene en agenda.
La seguridad en carpeta
Santa Fe también elevó su lista de pedidos, pero con prioridades diferentes y un marco de negociación propio. Pullaro ya expuso públicamente cuáles son los puntos centrales: el pago de deudas que la Nación mantiene con la provincia —algunas históricas, otras más recientes—, la reactivación de obras de infraestructura claves, reparación de rutas nacionales, y un capítulo que para el gobierno santafesino es tan o más importante que lo económico: la continuidad y el fortalecimiento del plan de seguridad conjunto con el gobierno nacional.
La inminente salida de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad es, para el mandatario santafesino, un punto de inflexión. Desde el punto de vista del gobierno provincial, el vínculo con la ministra, cristalizado en el Plan Bandera, permitió articular tareas de investigación que, sostienen desde el pullarismo, repercuten de manera directa en la baja del delito. Si bien se espera que la suceda su actual número dos, Alejandra Monteoliva, y por lo tanto que mantenga la misma línea política, Santa Fe pide garantías de que seguirá el trabajo conjunto.
En la calle de Rosario la presencia de fuerzas federales parece ser menos profusa que meses atrás. Pero lo que valoran desde la administración provincial es otra cosa: “Estamos muy bien en materia de investigación. Por primera vez sucede un hecho grave y prácticamente tenemos la capacidad de esclarecerlo en la semana”, relatan desde el entorno del gobernador.
Mantener el estándar de eficacia investigativa es clave para sostener pisados los índices de violencia, dicen las fuentes de la administración santafesina consultadas en Rosario3. Durante los últimos días, por caso, hubo al menos tres episodios que trajeron a la memoria tiempos no tan viejos de enfrentamientos entre bandas narco –entre ellos un nuevo intento de asesinato a Dylan Cantero, hijo del fundador de la banda de Los Monos–, pero también detenciones varias por los mismos.
“Tenemos que sostener el flujo de recursos, personal especializado y la cooperación operativa. Si eso lo seguimos fortaleciendo, el delito va a seguir bajando”, afirman en la mesa chica de Pullaro.
La otra agenda
En paralelo, la agenda santafesina incluye reclamos que son comunes a varias provincias: la regularización de deudas que la Nación mantiene con Santa Fe y que según Pullaro totalizan cerca de dos billones de pesos, inversión en infraestructura y el aval nacional a créditos internacionales para ejecutar obra pública.
Hasta ahora, de estos tres puntos, solo al último se comprometió Nación con los gobernadores que ya se reunieron con Santilli. Es lógico: sin abrir la billetera, eso también le juega a favor al modelo de Milei, porque implica la entrada de divisas y por lo tanto ayuda a sostener el tipo de cambio.
